Nuestra Constitución señala:“es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, propender a la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho a las personas de participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”
Esta utopía se ve diariamente denegada por la realidad social cotidiana, en la que se evidencia marginación, discriminación, malestar físico y psíquico y situaciones desmedradas que afectan a gran parte de nuestros compatriotas. Una minoría de ellos, pese a su número, víctima de los prejuicios desde el comienzo de los siglos es el sexo femenino.
En Alto Hospicio, hace poco tiempo, (aunque la memoria es frágil y más aún en casos que afectan a mujeres pobres) se cometió el asesinato en serie de jóvenes, algunas de ellas recién púberes, en ocasión en que recién se comenzaba a gestar un nuevo concepto, el de femicidio, “que es el asesinato de mujeres por su condición de género, fenómeno vinculado a las relaciones de inequidad y exclusión que ellas sufren,” por lo tanto no es un asunto privado (como era considerado anteriormente por el derecho) sino que “es un fenómeno histórico, de orden social para perpetuar el poder masculino en sociedades patriarcales”.( Diana Russel y Hill Radford)
Lo primero que podemos diferenciar en las víctimas, es que se encontraban en una situación de pobreza ( así como en un estadio de desarrollo juvenil) aspecto que no es y no puede ser considerado definitivo (como se puede entender cuando se habla de “los pobres”) en cuya modificación tiene toda la sociedad responsabilidad y en primer lugar los que están mandatados para gobernar.
Desgraciadamente, desde el punto de vista de las personas que se encuentran en esta situación, se ha ido generando el sentimiento de que en Chile no solamente la sociedad es desigual, sino que es rígida, en el sentido de que las posibilidades que ellos tienen en el futuro tienen más que ver con la situación de origen al nacer que con los esfuerzos y el compromiso de las personas por mejorar Sin embargo, el mayor anhelo de los chilenos es vivir en una sociedad más igualitaria, no sólo en el aspecto material sino también en la calidad de las relaciones interpersonales.
En segundo lugar, los errores no pueden ser atribuidos al azar sino a ideas, conceptualizaciones, representaciones mentales y motivaciones que se unieron para distorsionar gravemente la realidad.
La policía, estimó a estas niñas menores en riesgo social, proclives a prostituírse, con lazos emocionales poco profundos para con su familia , drogadictas, en una situación invivible, que hacía muy posible el abandono voluntario de hogar. Si se las hubiera considerado semejantes en lo fundamental a sus hijas y a las familias de ellos, se las hubiese cotejado con los sentimientos respecto a sus propias familias, y posiblemente habrían tenido mayor acuciosidad y éxito en sus pesquisas. Para ellos suponemos de que esas (niñas pobres muertas y sus familiares) eran muchísimo más lejanos, careciendo de existencia concreta.
La Ministra en Visita mostró principalmente desidia y desinterés, realizando un trabajo descuidado como lo afirmaron sus propios colegas abogados, lo que es gravísimo ya que era la principal responsable de la investigación (¿Cuán lejanas y acorazadas pueden estar las personas cuando les corresponde investigar el asesinato número cien o trescientos?)
Por lo tanto, para el poder judicial, estas niñas estaban en una situación desagradable, de la cual querrían escapar de cualquier manera (lo que hace sospechar proyección de la subjetividad de las personas que tuvieron ingerencia en este caso) Los vínculos con sus padres y otros familiares fueron considerados escasos o inexistentes, Se las estimó, por añadidura promiscuas y adictas, lo que aún las hacía más lejanas y desvalorizadas.
Obviamente influyó tanto en el asesino como en las instancias encargadas de la investigación , otras autoridades y parte de la sociedad, la consideración descalificatoria de las niñas jóvenes por ambas características, por ser mujeres e indefensas.
Algunos representantes del poder legislativo mostraron especial interés y tuvieron alguna iniciativa en la solución del caso, lo que puede atribuirse por una parte a su característica de mantener cierta capacidad de asombro, y al poder estimar a las niñas y a sus padres como semejantes.
Se podría aventurar que tanto la cercanía abstracta de la violencia(en el sentido de acostumbramiento, como podemos, por una parte suponerlo en la jueza) como la excesiva lejanía (en ambos casos psicológica) como ocurrió con los miembros de la Corte Suprema (además del autoconvencimiento de su importancia, que empañaban otros aspectos de sí) actúan en forma negativa con respecto a la solidaridad, empatía y sentido de humanidad de las personas.
El poder Ejecutivo, que mostró cierta indiferencia por el caso en principio, cumplió con el gesto de realizar un mea culpa, que se desvaloriza en parte dadas las escasas reparaciones que han recibido hasta el momento los familiares de las víctimas.
Tanto los errores, descuidos como las causas de ellos, la publicidad negativa con respecto a las asesinadas y la menguada reparación hacen pensar que todo el Estado (sin
dejar de acentuar el poder al que por sus funciones le corresponden las labores de la justicia) sería responsable de violencia contra las mujeres jóvenes asesinadas y sus familias, para probar lo cual sólo basta ponerse en el lugar de los ofendidos.
Todo ello toma matices más serios si recordamos que ya el año 1993, en Viena, la Comisión de Derechos Humanos, de la cual Chile es signatario, reconoció expresamente la violencia contra la mujer como violación a estos derechos, como también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como miembro del CDAW,(Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, dependiente de la ONU) el Estado de Chile debería tomar serias medidas para mejorar la injusta situación de la mujer, de la cual este caso es emblemático. Este comité recomendó al gobierno realizar esfuerzos para mejorar la situación de las mujeres en el país en variados aspectos.
La actitud del Estado aparece teñida de misoginia, como consecuencia de un sistema que mantiene la separación de los desposeídos y la supremacía masculina que mezcla violencia y dominio con sexo. Las víctimas tienen dos características que las convierten en los seres vulnerables del país: ser mujeres jóvenes y pobres. De modo que la institucionalidad debería ocuparse especialmente de las personas que corren el riesgo de caer en categorías que aumentan su indefensión. Por lo tanto, al menos los poderes Judicial y Ejecutivo, en este caso estarían incumpliendo la Constitución del Estado de Chile, y los familiares de las víctimas se encontrarían en situación, si pudieran, de demandar a éste por no respetar en forma flagrante el principio de igualdad de las ciudadanas y ciudadanos y la protección a la familia.
